La ley dice que el inquilino está obligado a soportar las obras de mejora cuya
ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento.
Eso sí, el arrendador deberá notificar por escrito al inquilino, al menos con tres
meses de antelación, su naturaleza, comienzo, duración y coste previsible. Durante
el plazo de un mes desde dicha notificación, el arrendatario podrá desistir del
contrato, salvo que las obras no afecten o afecten de modo irrelevante a la vivienda
arrendada. El precio del alquiler podrá aumentarse por la realización de obras de
mejora, pero sólo cuando éstas se realicen una vez transcurridos los cinco años de
contrato. El importe por las obras será el que resulte de aplicar el tipo de interés
legal del dinero, incrementado en tres puntos, a la inversión realizada, pero nunca
podrá superar el 20% de la renta que se esté pagando.